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Cuando Alejandro Jiménez “El Palidejo” fue detenido por las autoridades colombianas en marzo pasado, por el asesinato de Facundo Cabral, ya era dueño de vehículos de lujos en Nicaragua, entre ellos Audi, Porsche, Hummer y BMW y tenía un socio dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE) y otro muy bien relacionado con la Policía Nacional.

La Alianza PLI anunció que la próxima semana iniciará la campaña política para las elecciones municipales, tras la inscripción de sus candidatos a alcaldes y concejales ante las autoridades de facto del Consejo Supremo Electoral, el pasado jueves.

La inscripción de los candidatos fue la última marca de reconocimiento de una institución acusada de corrupta y cuyos ex magistrados son señalados de organizar tres fraudes electorales para beneficiar al FSLN y su líder, Daniel Ortega.

Cuando está a punto de cumplir su misión de tres años en Nicaragua, el embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, es el único de su gobierno que permanece en los países del Alba. Sus colegas fueron expulsados por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, y Bolivia, pero Callahan se ha mantenido en Nicaragua a pesar de momentos de gran tensión en la relación bilateral.

La embajada de Estados Unidos en Managua y la Santa Sede compartieron una preocupación en común: el acercamiento del cardenal Miguel Obando y Bravo con su otrora archienemigo, el caudillo del Frente Sandinista, Daniel Ortega.

El Embajador de los Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, envió a sus superiores en el Departamento de Estado el cable diplomático 64385, en el cual calificaba de “sustancial” la ayuda venezolana a la campaña electoral de Daniel Ortega en 2006, ya que podría sumar decenas de millones de dólares y “tendrá posiblemente un impacto en la influencia” del electorado nicaragüense.

El presidente Daniel Ortega sabe dar sorpresas. Esta vez lo hizo al anunciar el viernes a contrarreloj a su compañero de fórmula presidencial: el ex jefe del Ejército de Nicaragua, general en retiro Omar Hallesleven. Un golpe de efecto que para analistas consultados por Confidencial se traduce en un guiño para el Ejército, pero que no legitima una candidatura, la de Ortega, ilegal por estar prohibida por la Constitución.

Las flaquezas e improvisaciones de la política exterior nicaragüense quedaron al descubierto a las 10:30 de la noche del viernes, (11:30 pm en Washington), cuando 21 estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votaron a favor de un proyecto de resolución, al que se opuso de forma vehemente, hasta la saciedad, el Representante Permanente de Nicaragua, el embajador Denis Moncada Colindres.

Rafael Solís, el más elocuente vocero político del FSLN, es claro y directo: la oposición quedó desarmada y juega en desventaja. Por lo tanto, asegura, tarde o temprano tendrá que negociar con el Frente Sandinista.

Solís, que se mantiene como magistrado de la Corte Suprema arropado por el decreto que en enero emitió el presidente Daniel Ortega, afirma que el FSLN ahora no tiene apuros en lograr un acuerdo para elegir a 25 funcionarios públicos, por lo que mantiene una doble estrategia: convencer a la oposición para negociar o conseguir los 56 votos necesarios para elegir a los funcionarios. Esto último les permitiría incluso reformar la Constitución y legitimar la reelección de Ortega.

La microfinanciera ACODEP, considerada la segunda más grande del país, se encuentra en el centro de una vorágine de acusaciones y contraacusaciones de sus directivos, que a la postre estaría siendo aprovechada por altos funcionarios del FSLN y el gobierno, para tomar control de esta institución financiera.

En medio de la polémica resaltan señalamientos de faltantes de fondos por más de setenta y cuatro millones de córdobas, así como acusaciones mutuas de los bandos en pugna de buscar (y recibir) la ‘bendición’ de altos personeros del FSLN para quedarse con la financiera.

Quizás preparando la ‘cama’ para entablar una acción legal en contra de Tropigas si la Asamblea Nacional falla a favor de ésta, Rodolfo Zapata, Gerente General de Petronic, amenazó con demandar a la empresa intervenida “por incumplimiento de contrato”, asegura Efrén Báez, asesor corporativo de la compañía.