*El siguiente artículo es un extracto de nuestro Boletín Premium | 25 febrero, 2023
La palabra de la semana en Nicaragua sigue siendo «apátridas». La dictadura orteguista continúa su venganza política contra 317 nicaragüenses a quienes ilegítimamente despojó de su ciudadanía, comenzando a confiscar propiedades, patrimonios y pensiones.
Sin embargo, la comunidad internacional también sigue reaccionando en condena a la permanente violación de los derechos humanos de los nicaragüenses y expresa su solidaridad, ofreciendo nacionalidad y refugio a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo intentan condenar a la apatridia.
En CONFIDENCIAL te contamos cómo Ortega ha regalado 130 nacionalidades «exprés» a aliados políticos y prófugos de la justicia, mientras entre los despojados de la nacionalidad hay escritores, periodistas, políticos y líderes sociales.
El primer golpe contra los despojados de su nacionalidad fue en el Registro de la Propiedad, con la inmovilización de sus inmuebles para realizar transacciones, como medida previa a la confiscación. El segundo zarpazo se ejecutó en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, donde comenzaron a cancelar sus registros para confiscar sus pensiones de vejez. Diez de los afectados detallaron cómo el orteguismo roba sus pensiones.
La invalidación de pasaportes también es inminente, según advirtió el consultor de derechos humanos radicado en México, Uriel Pineda, y también uno de los afectados con la medida. «No recomendaría que viajen con ese pasaporte. Lo primordial es buscar la protección del país de acogida o residencia», sugirió.
Condena y solidaridad internacional
Después de que el Gobierno de España extendió su oferta de otorgar la nacionalidad a todos los nicaragüenses declarados “apátridas” por Ortega y Murillo, otros gobiernos se han sumado al gesto humanitario, incluido el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que en un primer momento evitó referirse al tema.
«La nacionalidad no se puede perder por decreto», dijo el mandatario mexicano, aunque evitó condenar las nuevas medidas represivas de Ortega.
En Costa Rica, el vicecanciller Christian Guillermet-Fernández expresó en un comunicado que la situación en Nicaragua «contradice las obligaciones que tiene todo Estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”. Colombia, a su vez, condenó “los dictatoriales procederes” de Ortega.
En la siguiente lista de contenidos te ofrecemos más detalles sobre las reacciones internacionales:
- Chile ofrece la nacionalidad a todos los nicas declarados “apátridas”
- Costa Rica afirma que Ortega contraviene convenciones sobre apátridas
- López Obrador ofrece asilo y nacionalidad a “apátridas” de Nicaragua
- Colombia pide que Corte Penal Internacional actúe ante “proceder dictatorial” de Ortega y ofrece nacionalidad a Sergio Ramírez
- 17 países en la OEA “deploran” despojos de nacionalidad
Los confinamientos del somocismo
En nuestro reportaje de la semana, hacemos un recorrido histórico de los confinamientos del somocismo al destierro y despojo de nacionalidades del orteguismo, que muestra cómo el cóctel represivo de Ortega supera en crueldad a los atropellos perpetrados por el somocismo y otros regímenes latinoamericanos.
Luego del asesinato de Anastasio Somoza García, el 21 de septiembre de 1956, la dictadura somocista desató una escalada represiva contra ciudadanos nicaragüenses. Imputados con los delitos fabricados de “rebelión, atentar contra las instituciones del Estado, y amenazas a la tranquilidad pública”, muchos fueron encarcelados y algunos confinados a zonas de Nicaragua que en esa época eran inhóspitas e incomunicadas.
Un grupo de confinados estaba integrado por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Enrique Callejas Novoa, Luis Cardenal Argüello y Ricardo Orúe Reyes.
En su libro Estirpe Sangrienta: Los Somoza, Chamorro Cardenal narra los detalles de sus seis meses de encierro, la condena de los tribunales somocistas, y su confinamiento a San Carlos, Río San Juan.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal había cumplido dos meses de confinamiento en San Carlos, antes de lograr fugarse en un Sábado Santo, con la ayuda de su esposa Violeta Barrios de Chamorro y un baqueano, bregando en silencio por las aguas del Río San Juan y el Río Frío, mientras en el pueblo se llevaba a cabo una procesión religiosa de Semana Santa.
La política de destierro y confinamiento político perpetrada durante la dictadura somocista, fue superada en crueldad y arbitrariedad por el régimen Ortega-Murillo, teniendo como principal diferencia el ilegal despojo masivo de la nacionalidad a 317 ciudadanos nicaragüenses, entre el grupo de “desterrados”, “apátridas” y el obispo Rolando Álvarez, recluido en una celda de máxima seguridad en El Infiernillo de la cárcel La Modelo.
Los registros periodísticos establecen que el mayor confinamiento político durante la dictadura somocista se dio en julio de 1944, con 26 ciudadanos desterrados y confinados por el régimen. Entre ellos había estudiantes universitarios, reconocidos abogados y políticos opositores.
El diario La Prensa publicó, en su edición del 14 de julio de 1944, una primera plana histórica que reseñaba el destierro de 16 ciudadanos nicaragüenses y el confinamiento político de otros 13 en Corn Island.
Los SobraDOS: El «sano culto familiar» de los Ortega – Murillo
En la Historieta Semanal, PxMolina recuerda que Daniel Ortega dijo: «Los papas, los obispos y los curas son una mafia» y muestra cómo podría verse el «sano culto familiar» de la familia dictatorial, al estilo de The Sopranos.
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