*El siguiente artículo es un extracto de nuestro Boletín Premium | 18 Febrero, 2023
En menos de ocho días, 317 nicaragüenses han sido despojados ilegalmente de su nacionalidad por órdenes del orteguismo. Primero los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos. Luego el obispo Rolando Álvarez enviado a una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo. Y, los más recientes: 94 en un listado que incluye al obispo Silvio Báez, defensores de derechos humanos, intelectuales y periodistas, entre ellos nuestro director Carlos F. Chamorro.
La escandalosa fabricación de «apátridas» de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado la vuelta al mundo. El último dictador que se atrevió a un acto similar fue el chileno Augusto Pinochet, hace medio siglo.
El orteguismo continuó su venganza y ordenó el allanamiento de la casa de las feministas e intelectuales Sofía Montenegro y Azáhalea Solís, y confiscó 16 viviendas. Estas nuevas confiscaciones hundirán más la seguridad jurídica e imagen de Nicaragua, alertan abogados y otros especialistas.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que el Derecho internacional “prohíbe” el despojo de nacionalidad, y demandó que el Estado de Nicaragua “garantice el derecho a la nacionalidad y tome medidas para evitar que haya personas apátridas”.
Dictadura viola seis tratados internacionales
Además de violar la Constitución Política de Nicaragua, que establece la nacionalidad como derecho humano inalienable, y constituir una nueva «aberración jurídica«, la dictadura viola seis instrumentos y tratados internacionales. El primero de estos es:
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, según la cual “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
En el mismo sentido se expresan los tratados:
Y también lo establecen claramente los siguientes:
- Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació…”
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”.
- Convención sobre Derechos de Niño: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad…”
El Gobierno de España extendió su oferta de otorgar la nacionalidad a quienes la dictadura declare apátridas. Sin embargo, un grupo de 19 oenegés, organizadas en la Coalición Nicaragua Lucha, presentó a la ONU un “llamado urgente” para que declare la acción orteguista como una violación del derecho internacional.
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- Reacciones: Las raíces nicaragüenses no se arrancan “con un vulgar escrito”
- Análisis: Despojo de nacionalidad es una “aberración al Estado de derecho
REPORTAJE DE LA SEMANA
¿Quiénes son los últimos 35 presos políticos?
Tras la excarcelación de 222 presos políticos, desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero, aún quedan 35 reos de conciencia en las cárceles de Nicaragua.
Entre ellos, está el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, contra quien Daniel Ortega se ha ensañado, condenándolo a 26 años y cuatro meses de cárcel en un juicio político arbitrario, en el que ni siquiera se presentaron los supuestos testigos, y que organismos de derecho califican como una farsa judicial.
En CONFIDENCIAL revisamos caso a caso quiénes son estos 35 presos políticos, en su mayoría desconocidos por el temor a la misma persecución política de la dictadura, que se extiende en contra de sus familiares.
Los familiares de los 35 presos políticos —que incluyen a diez detenidos antes de la rebelión cívica de 2018— solicitan a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos que apoyen la demanda de su libertad.
Que el régimen aún mantenga 35 presos políticos es un mensaje de represión, porque indica que las capturas no se detendrán, considera la abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez.
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«¡Ya no sos nicaragüense!»
En la Historieta Semanal, PxMolina revela cuál es la «lógica» de la dictadura detrás de la más reciente ilegalidad de anular la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses.
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