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La embajada de Estados Unidos en Managua y la Santa Sede compartieron una preocupación en común: el acercamiento del cardenal Miguel Obando y Bravo con su otrora archienemigo, el caudillo del Frente Sandinista, Daniel Ortega.

El Embajador de los Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, envió a sus superiores en el Departamento de Estado el cable diplomático 64385, en el cual calificaba de “sustancial” la ayuda venezolana a la campaña electoral de Daniel Ortega en 2006, ya que podría sumar decenas de millones de dólares y “tendrá posiblemente un impacto en la influencia” del electorado nicaragüense.

El presidente Daniel Ortega sabe dar sorpresas. Esta vez lo hizo al anunciar el viernes a contrarreloj a su compañero de fórmula presidencial: el ex jefe del Ejército de Nicaragua, general en retiro Omar Hallesleven. Un golpe de efecto que para analistas consultados por Confidencial se traduce en un guiño para el Ejército, pero que no legitima una candidatura, la de Ortega, ilegal por estar prohibida por la Constitución.

Las flaquezas e improvisaciones de la política exterior nicaragüense quedaron al descubierto a las 10:30 de la noche del viernes, (11:30 pm en Washington), cuando 21 estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votaron a favor de un proyecto de resolución, al que se opuso de forma vehemente, hasta la saciedad, el Representante Permanente de Nicaragua, el embajador Denis Moncada Colindres.

Rafael Solís, el más elocuente vocero político del FSLN, es claro y directo: la oposición quedó desarmada y juega en desventaja. Por lo tanto, asegura, tarde o temprano tendrá que negociar con el Frente Sandinista.

Solís, que se mantiene como magistrado de la Corte Suprema arropado por el decreto que en enero emitió el presidente Daniel Ortega, afirma que el FSLN ahora no tiene apuros en lograr un acuerdo para elegir a 25 funcionarios públicos, por lo que mantiene una doble estrategia: convencer a la oposición para negociar o conseguir los 56 votos necesarios para elegir a los funcionarios. Esto último les permitiría incluso reformar la Constitución y legitimar la reelección de Ortega.

La microfinanciera ACODEP, considerada la segunda más grande del país, se encuentra en el centro de una vorágine de acusaciones y contraacusaciones de sus directivos, que a la postre estaría siendo aprovechada por altos funcionarios del FSLN y el gobierno, para tomar control de esta institución financiera.

En medio de la polémica resaltan señalamientos de faltantes de fondos por más de setenta y cuatro millones de córdobas, así como acusaciones mutuas de los bandos en pugna de buscar (y recibir) la ‘bendición’ de altos personeros del FSLN para quedarse con la financiera.

Quizás preparando la ‘cama’ para entablar una acción legal en contra de Tropigas si la Asamblea Nacional falla a favor de ésta, Rodolfo Zapata, Gerente General de Petronic, amenazó con demandar a la empresa intervenida “por incumplimiento de contrato”, asegura Efrén Báez, asesor corporativo de la compañía.

El poder ciudadano que planteó el gobierno del presidente Daniel Ortega como algo incluyente, no es algo aparte del Frente Sandinista, proclamó Rosario Murillo, coordinadora del ahora renombrado “Consejo de Comunicación, Ciudadanía para el Desarrollo Social”, desde donde coordinará todos los programas sociales.

Con el cambio de fechas de las elecciones municipales de noviembre próximo y la elección de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en junio de este año, y el intento por sacar de la contienda municipal al MRS y al PC, para refrendar el bipartidismo, se reedita un nuevo capítulo del pacto entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Se espera que rinda su primer informe de gobierno 2007, pero el Presidente en una larga introducción, oficia como maestro de ceremonias en la Asamblea Nacional, en una cadena nacional de TV impuesta por TELCOR, ante un hemiciclo semivacío al que sólo han acudido los 38 diputados leales del FSLN y sus suplentes.