A partir de 2018, varios empleados públicos —de distintos niveles— han tenido que convivir bajo las reglas de la violencia política impuesta por el Ejecutivo: un sistema de justicia controlado a todos sus niveles por el partido, que encarcela a decenas de ciudadanos, opositores, líderes cívicos, políticos y empresariales, y consolida un estado policial de facto que conculca las libertades ciudadanas. En las semanas previas al 7 de noviembre, empleados públicos reportaron que fueron víctimas de presiones de parte del Estado para que votaran por Ortega. Más ediciones sobre el tema en el archivo digital de confidencial.com.ni
Año: 25
Número de edición: 1250
Fecha de publicación: 05/12/2021